Desde el pasado día 2 marzo de 2024, las empresas y entidades tienen la obligación de contar, en el plazo de 12 meses, con un conjunto de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.
Entre estas medidas, se incluye un protocolo para la prevención y la actuación ante el acoso o la violencia contra las personas LGTBI.
Dicho protocolo tendrán que tenerlo las empresas que tengan contratados a 50 o más trabajadores.
El objetivo de esta norma es garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI.
No cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, podrá acarrear una sanción de hasta 150.000 euros.
